Francia lleva varios días expulsando de su territorio hacia Rumanía y Bulgaria a centenares de gitanos. El gobierno francés aplica hasta 2012 -y podría ampliar hasta 2014- una moratoria a la libertad de circulación en la UE por la que los ciudadanos rumanos y búlgaros sólo pueden vivir en Francia si tienen empleo o están estudiando. Si no, al tercer mes de estancia pueden ser expulsados, aunque pueden regresar al día siguiente por otro período de tres meses.
El presidente Nicolas Sarkozy anunció a principios de agosto una campaña contra el crimen y la inmigración ilegal, apretando un poco más la ya dura política francesa contra los inmigrantes.
Las políticas de seguridad del Ejecutivo galo han sido criticadas por buena parte de la prensa internacional, el Vaticano, grupos de derechos humanos y la oposición de izquierdas. El Consejo de Europa estima que las expulsiones fomentan la xenofobia. El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, dijo que su país no "acepta lecciones".
La prensa rumana tilda de "hipócrita" a Francia. Según la Comisión Europea, los gitanos -que podrían ser entre 10 y 12 millones en Europa, el grupo étnico minoritario más grande del continente- sufren sistemáticamente los prejuicios de las sociedades donde viven.
Muchos son apátridas, refugiados, asilados políticos y repatriados, principalmente debido a las guerras balcánicas y a la caída de los regímenes comunistas de Europa del Este. El Consejo de Europa llegó a dejar negro sobre blanco que incluso las intervenciones humanitarias para proteger a la población de la ex Yugoslavia durante las guerras de principios de la década de los 90 se hicieron discriminando a los gitanos.
La persecución viene de mucho antes. Originarios de la India, pasaron por el Imperio persa y el bizantino antes de llegar al Imperio otomano, siguiendo a cuyas tropas entraron y se extendieron por Europa en la Edad Media. Desde el principio, los gobernantes europeos dictaron leyes racistas para impedir su asentamiento.
Se los consideraba servidores del diablo y hasta el siglo XIX hubo gitanos esclavizados por la familia real rumana. Hombres jóvenes gitanos eran castrados para ser explotados como esclavos por señoras de alta alcurnia sin que provocaran sospechas a sus dueños.
Los nazis esterilizaron y castraron a los gitanos en los campos de concentración y exterminio de Dachau y Sachsenhausen. En Buchenwald, en enero de 1940, 250 niños fueron usados vivos y sin anestesia para realizar con sus cuerpos experimentos médicos de resistencia al dolor hasta la muerte.
En las primeras horas del 1 de agosto de 1944, los nazis gasearon a 4.000 gitanos en Auschwitz y las estimaciones más comunes hablan de que, al término de la 2ª Guerra Mundial, Hitler y sus secuaces habían acabado con el 80% de los gitanos europeos.
Tras las guerras balcánicas mucho huyeron de la persecución y se instalaron, principalmente, en Italia, Francia y España. En este país está la mayor comunidad gitana de Europa occidental, formada por más de medio millón de personas. Rumanía, por su parte, cuenta con casi tres millones de gitanos, el 9% de su población, y les concede un estatus de minoría étnica que promueve su integración con medidas laborales, educativas y de representación política.
Hace dos años, cuando Berlusconi denunció una supuesta "emergencia gitana" para desviar la atención de sus escándalos, la eurodiputada húngara gitana Viktoria Mohacsi, dijo a EL TIEMPO que "la UE tiene un papel muy importante que jugar para forzar a los gobiernos europeos a desarrollar una estrategia para mejorar la situación de los gitanos. Esfuerzos que deben coordinarse a nivel europeo, nacional y local".
Mohacsi también creía que la UE debe implicarse en la protección de sus ciudadanos, incluso si es contra uno de los Estados miembros, porque "o los gobiernos europeos consiguen una exitosa integración o la violencia racista aumentará".
Esta joven eurodiputada aseguraba que, a pesar de las peticiones formales de Bruselas, la discriminación contra los gitanos sigue extendida por toda la UE, también en Europa del Este, donde se han financiado programas para acabar con ella.
Aunque su situación legal difiere -en España están prácticamente integrados con el resto de la población y en Eslovaquia incluso se les separa con muros- en toda la UE son discriminados en el acceso al empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios públicos.
La historia se repite cada año
Las últimas oleadas de gitanos llegadas a Europa occidental provienen principalmente de Rumanía, Bulgaria y la República Checa. En las grandes ciudades europeas viven de la mendicidad, del pequeño comercio ilegal, de la venta de chatarra. Cada año miles son repatriados a sus países de origen. Las normas europeas prohíben que se los expulse en grupo y sólo pueden serlo -si no tienen trabajo- en caso de haber cometido algún delito o si suponen una carga para el estado del bienestar de los países donde viven.
Son los más pobres entre los pobres y ya empiezan a ser las primeras víctimas del endurecimiento de las políticas de seguridad con las que el gobierno francés pretende mostrar su mano dura contra el crimen, aplicando así las estrategias que propugna la extrema derecha.
La Comisión Europea ha anunciado desde 2008 aplicar medidas de integración en toda Europa, que apenas han dado resultados concretos. El presidente rumano, Traian Basescu, exige a Bruselas una verdadera y eficaz política de integración de los gitanos y acusó el jueves a "algunos Estados europeos" de oponerse a tal integración.
El Parlamento Europeo exigió también a la Comisión en enero de 2008 una estrategia común para la integración de los gitanos y denunció que sufren "pobreza, exclusión social, ghetisación patente, expulsiones forzadas y condiciones de vida deplorables e insalubres". Los eurodiputados pidieron entonces "un plan de acción detallado para la integración de los gitanos", algo que consideraban necesario por la "gravedad de las discriminaciones que sufren".
Los eurodiputados también recordaban en su texto que los gitanos forman parte de Europa desde hace siglos, "han aportado su contribución" y no son extranjeros. Bruselas considera que se han hecho progresos "en la toma de conciencia". Dos años y medio para tomar conciencia.
PARA EL TIEMPO
IDAFE MARTÍN PÉREZ
DESDE BRUSELAS
F eltiempo.com
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